José Luis Ramón , la enciclopedia libre

José Luis Ramón
Diputado de la Provincia de Mendoza Actualmente en el cargo
Desde el 1 de mayo de 2022
Diputado de la Nación Argentina por Mendoza
10 de diciembre de 2017-9 de diciembre de 2021
Información personal
Nacimiento	29 de abril de 1964 (60 años) Rufino, Argentina
Residencia	Provincia de Mendoza
Nacionalidad	Argentina
Educación
Educado en	Universidad de Mendoza
Información profesional
Ocupación	Abogado
Partido político	Protectora Fuerza Política
Afiliaciones	Partido Intransigente (2017) Frente de Todos (desde 2021)[1]​
[editar datos en Wikidata]

José Luis Ramón (Rufino, Argentina, 29 de abril de 1964) es un abogado y político argentino. Se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Mendoza. Fue candidato a gobernador de provincia de Mendoza en las elecciones del 29 de septiembre de 2019.^[2]​^[3]​^[4]​^[5]​

Reseña biográfica[editar]

Antes de su actividad política, se dedicó a la docencia y fue entrenador de rugby.^[6]​ De más joven realizó labores como lustrador de botas junto a su hermano menor, monaguillo,^[7]​ vendedor de helados, mozo, ordenanza, recolector de uvas y limpiador de ajo.^[8]​

El trabajo, desde muy pequeño, y como joven ha sido parte de su vida.

Fue un estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, donde cursó sus estudios universitarios. Durante toda su vida Universitaria participó activamente de cuanto movimiento social se produjere en ocasión de la defensa de los trabajadores, los consumidores, y los más desposeídos.

El 24 de agosto de 1994, junto a un grupo de consumidores, fundó una Asociación Nacional de Defensa del Consumidor sin fines de lucro que se llamó Protectora.^[9]​ El objetivo era fomentar la participación informada de los usuarios consumidores, a través de la defensa de sus derechos individuales y colectivos.

En el año 2017, junto a un numeroso grupo de ciudadanos, decidió que las acciones desde la ONG no eran suficientes, y formaron un nuevo partido político: Protectora.^[10]​ En la formación del Partido político, tuvo una activa participación su hermano Gustavo Juan Ramón, Pablo Cairo, Alberto Sabás, Mauricio Guzmán, Leticia Zanelli, Carlos Arenas, Marcelo Linares, y referentes de múltiples organizaciones sociales; que se fueron sumando a la idea de la construcción de un Partido político. En la premura por el proceso eleccionario; en las elecciones legislativas del año 2017, con el Partido aún en formación, se presentaron a elecciones como Candidatos extra partidarios del Partido Intransigente, encabezando la lista y logrando un 17,21 % de los votos.

Dicha campaña, Ramón la realizó a bordo de una camioneta Land Rover, modelo 1969, desde el cual con un megáfono vociferaba sus propuestas y respondía preguntas de personas de la calle. Cuando comenzaron los aumentos a las tarifas de servicios públicos, en abril de 2015, Ramón convocó a una “Marcha de la frazada”^[11]​ en la plaza principal de la ciudad de Mendoza,^[12]​ con la consigna de repudiar el llamado "tarifazo" de gas. La consigna se replicó en varias ciudades. En aquella ocasión, más de tres mil personas fueron a la Legislatura de Mendoza con una manta en los hombros y Ramón fue conocido como “el loco de la frazada”. El objeto lo caracterizó durante toda la elección 2017 y la llevó consigo en audiencias públicas, a recorridas por barrios^[13]​ y hasta la asunción como diputado Nacional.^[14]​^[15]​ Tal fue el símbolo de la frazada, que el día que se debatió en el Congreso de la Nación la Ley de la zona fría, provocó una ovación en la Cámara de Diputados, revoleando la frazada en señal de haber alcanzado el objetivo de tantos años y haber cumplido la promesa y bandera central de su llegada al poder.

En 2021 se convirtió en uno de los principales detractores al independentismo mendocino, movimiento político impulsado por Alfredo Cornejo, haciendo un llamado a realizar una consulta popular no vinculante en la provincia de Mendoza, para que sean los propios mendocinos los que decidan su permanencia en la República Argentina.^[16]​

Actividad legislativa[editar]

En su actividad como diputado nacional, Ramón presentó múltiples proyectos entre los cuales se destacan:

Ley para que se incluya en "la zona fría" a las tarifas de gas de uso domiciliario a la provincia de Mendoza dentro de la región patagónica[editar]

El proyecto de ley propicia modificar el régimen regulatorio a efectos de declarar a la Provincia de Mendoza bajo el mismo cuadro tarifario de la "Región Patagónica". (Zona fría), para el gas domiciliario. Por imposición de la Corte suprema de la Nación, en la causa CEPIS, se estableció de manera rotunda la indicación de que los servicios públicos y el acceso a los mismos es un derecho humano. En el caso de la provincia de Mendoza, por un retraso legislativo, las temperaturas a las que se ven sometidos los usuarios en los meses del invierno, de las mismas características que rigen en la Región Patagónica, nos obligan, necesariamente a considerar que la misma debe tener un cuadro tarifario de las mismas características.^[17]​

Sendos procesos judiciales rigen en la provincia de Mendoza, desde el año 2009, que corrigen esta anormalidad de pretensión de aplicación tarifaria, que no se corresponde con las inclemencias que padecen los más de 165.000 usuarios de toda la provincia. Se citan las causas judiciales: 1) Expediente 23043887/2009, Carátula: Sottile, Carlos y Ot. C/ ENARGAS y Ots. S/Sumarísimo”; originario del 2.º Juzgado federal de Mendoza, Sec. 3, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 2) Expediente FMZ 009282/2014, Carátula: Protectora A.D.C.C/ ENARGAS y Ot. S/ Amparo colectivo, originario del 2.º Juzgado Federal de Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3) Expediente FMZ 010266/2016, Carátula: Protectora A.D.C. c/ ENARGAS y Ots. S/ amparo colectivo, originario del 2.º Juzgado federal de Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 4) Expediente FMZ 017625/2014 Carátula: Protectora A.D.C. C/ P.E.N. y Ots. S/Amparo colectivo, originario del Juzgado Federal de San Rafael Mendoza, actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En todas estas causas judiciales, se han expresado sendas resoluciones judiciales confirmadas por la Excma. Cámara federal de Apelaciones de Mendoza; y en el fallo Competencia FMZ 2l2l2/20l6/CSl y otros EN - M Energía y Minería el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y Solidaridad y otros si inhibitoria. Competencia FMZ 10266/2016/CA3-C~1 'Protectora Asociación Civil de Defensa del Consumidor cl Distribuidora de Gas Cuyana y otros si medida cautelar (autónoma) y Competencia CAF 30786/2016/CS1 'Stolbizer, Margarita y otros cl EN PEN M de Energía y Minería y otros si medida cautelar (autónoma)'.

Ley de protección del usuario de servicios públicos[editar]

Incorpora en una nueva estructura a todos los servicios públicos. Propone modificaciones a la Ley de Defensa del Consumidor,^[6]​^[18]​ así como asume y recupera proyectos con anterioridad presentados y otras leyes como la Ley general del ambiente. La propuesta aclara qué se considera como un servicio público y cuáles son los objetivos a cumplir por el Estado^[19]​ en cada estamento relacionado con los servicios públicos, y sus deberes como autoridad de control.^[20]​ Establece cuáles son los derechos y obligaciones que se generan para con los usuarios^[21]​ y consumidores. Además, incluye la importancia de la información y difusión y prohíbe los cortes de servicios. Por último, propone que los entes de control deban ser formados por representantes de organizaciones de defensa del consumidor que lleven a los entes las necesidades y preocupaciones de los consumidores.

Ley de acciones colectivas[editar]

Regula de manera integral los amparos colectivos con alcance en todo el país,^[22]​ con el objetivo de asegurar la posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y obtener respuestas efectivas^[23]​ y rápidas.^[24]​^[25]​

Ley de Emergencia U.V.A[editar]

Declara la emergencia de los Créditos Hipotecarios UVA^[26]​^[27]​ en su artículo primero y dispone a diferentes comisiones afines al tema que trabajen en pos de encontrar una solución para los miles de familias que accedieron a esta línea de crédito. También plantea la prohibición de desalojo, remate o cualquier acto judicial o administrativo que proceda al desalojo familiar de la vivienda por tres años, tiempo que duraría la emergencia.^[28]​

Modificaciones sobre ajustes tarifarios[editar]

Luego de que se emitiera la Resolución 20/2018^[29]​ de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial en la que se dispuso que a partir de enero de 2018 los consumidores compensen en 24 cuotas a las distribuidoras de gas natural comprimido por las pérdidas generadas por la devaluación, el diputado Ramón presentó dos iniciativas.^[30]​

En primer lugar, solicitó la derogación de la Resolución 20/2018 y el artículo 37 punto (5) del Decreto 1738/92.^[31]​ Por un lado, propuso un proyecto de ley para modificar el artículo 38 de la ley 24.076,^[32]​ sancionada en 1992 con el fin de evitar que se cobre por conceptos ya facturados a los consumidores. Las dos iniciativas señalaban en sus fundamentos: "la inconstitucionalidad del cobro retroactivo por afectar derechos básicos de los consumidores, buscando trasladar que la parte más débil de la cadena de distribución, se haga cargo de los riesgos de las empresas prestadoras de los servicios".^[33]​

Ley de portabilidad de deudas de consumo[editar]

Propone la posibilidad de cancelar de modo anticipado los préstamos de consumo (de bancos, financieras u otro tipo de proveedores de crédito) con su correspondiente reducción de intereses y cargos.^[34]​^[35]​ Además, plantea la portabilidad de la deuda para transferirla de una entidad a otra, en caso de que la misma ofrezca mejores condiciones de pago.

Provincialización de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor[editar]

Plantea modificar la forma de cobro de las tarifas del automotor,^[36]​ que actualmente se regulan nacionalmente^[37]​ y los costos de dichos araceles, que son calculados a partir del valor del bien (o sea, del modelo de automóvil) en lugar de hacerse por tipo de trámite, como sucede en otros países de América, como Brasil y México.

Los pasajeros transportados en cabotaje, por líneas aéreas deben gozar de la protección como consumidores[editar]

La necesidad de una verdadera protección y defensa de los usuarios del transporte aéreo por parte del Estado es indispensable para reafirmar la seguridad, la protección de los intereses económicos de los mismos, condiciones de trato equitativo y digno y una buena prestación de los servicios en este milenio.[1]

El estado Argentino tiene un firme compromiso con la protección de los consumidores, que se vio reflejado con la inclusión en la reforma constitucional de 1994 del artículo 42 de la Constitución Nacional que comprometió al todas las autoridades del país a “proveer” a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo a “(…) su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Toda limitación a estos derechos constitucionales debe nacer de la necesidad de dar cabal cumplimiento a otros derechos de igual jerarquía constitucional, y realizarse mediante una interpretación lo más limitada posible, dado el carácter protectorio y el peso constitucional de la norma.

En la actualidad, y debido al veto del poder ejecutivo mediante el decreto 565/2008 del artículo 32 de la Ley 26.361 que derogaba el artículo 63 de la ley de defensa del consumidor (aprobado por la absoluta mayoría de ambas cámaras de este congreso), se continúa aplicando supletoriamente el artículo 42 de la constitución (al acotarse el alcance de la protección de la ley reglamentaria del mismo) a otras normas que regulan el transporte aéreo.

Si bien las relaciones que se dan en el transporte aéreo están sin dudas alcanzados por el concepto de “relación de consumo” del artículo 42 de la constitución nacional, y de la reglamentación de la ley de defensa del consumidor, la supletoriedad que incluyó el artículo 63, dejó y deja actualmente, sin la debida protección a una enorme cantidad de casos que se dan a diario ( incumplimientos múltiples al deber de información, al trato digno, al cumplimiento de las ofertas realizadas y a la publicidad, trato indigno, incumplimiento de los contratos, negativa a la revocatoria de las compras a distancia, inclusión de cláusulas abusivas, etc.). Esta excepción, no se encuentra debidamente justificada desde el punto de vista constitucional, ni práctico. A esto puede sumarse aún, que mucho menos puede regularse tan largamente esta exclusión, dado el carácter de orden público dado a la ley de defensa del consumidor por parte de su artículo 65.

La exclusión, que no fue debidamente discutida –prueba de esto son los diarios de sesiones que no incluyen mención a la inclusión al proyecto original- al momento de su dictado junto a la ley 24.240 de 1993 –cabe señalar que previo al dictado del artículo 42 de la constitución que elevó la jerarquía de la materia-, se justifica actualmente en la supuesta necesidad de cumplir con los acuerdos internacionales en la materia firmados por la Argentina. Si bien esto es en principio correcto en el marco del artículo 31 de la Constitución Nacional y el Convención de Viena de 1969 al que la Argentina aprobó por Ley 19.875, el alcance del artículo es mucho mayor al de sus obligaciones internacionales y toca relaciones que quedan fuera de los mismos, como los vuelos cabotajes, y todas las situaciones que no está directamente relacionadas con el transporte o se dan previa y posteriormente al transporte en sí mismo. La inmensa mayoría de estas situaciones no cuentan con regulación internacional alguna que habilite este tipo de exclusión interna, mucho menos, en contra del texto constitucional protectorio el artículo 42.

Pero sumados a los simples motivos constitucionales vistos más arriba, y a la falta de necesidad que demuestra la norma a la hora de proteger los acuerdos internacionales (la absoluta mayoría de los países del continente no tienen exclusiones como la nacional, e incluso en algunos casos, cuentan con mecanismos vigorosos de protección de los consumidores en la materia), se suma el exceso cometido en la supletoriedad del artículo. Mediante su redacción se incluyó en esta subsidiariedad a todos los vuelos de cabotaje, que de ninguna manera son alcanzados por los tratados internacionales firmados por la Argentina.

Por estos motivos, proponemos la modificación al artículo 63 de la ley de defensa del consumidor, permitiendo así una fuerte protección de los consumidores, conforme el compromiso constitucional de nuestro estado, y conjugando el estricto cumplimiento de los tratados internacionales en la materia.

Bono de $5000 para jubilados y pensionados[editar]

En noviembre de 2018, presentó junto a la diputada del Frente Renovador, Mirta Tundis, un proyecto para entregar por única vez, un bono por 5 mil pesos a Jubilados y Pensionados.^[38]​ El proyecto se basó en el Índice de precios al consumidor que había crecido de septiembre del 2017 a septiembre del 2018 en un 40,5% y solo en el mes de septiembre había tenido un alza del 6,5%.^[39]​ Contrariamente, las jubilaciones sólo aumentaron en 2018 apenas el 28,4%. Sostuvieron que siendo los jubilados y pensionados un grupo de gran vulnerabilidad y que debería tener políticas prioritarias que los beneficien, concertaron la necesidad de que se les adjudicara, como a muchos trabajadores un bono de $5000.^[40]​ A pesar de las gestiones realizadas con la oposición y el oficialismo en la cámara, y tras un año de pocas votaciones, el gobierno impidió el tratamiento del proyecto en el recinto, durante las últimas sesiones especiales del año 2018.^[41]​

En la actualidad Preside el bloque Unidad y Equidad Federal, que comparte con los Diputados Pablo Miguel Ansaloni (Buenos Aires) y Antonio José Carambia (Santa Cruz) y el Interbloque: Unidad Federal para el Desarrollo; en el cual también se encuentran los Diputados Beatriz Ávila (Tucumán), Luis Di Giácomo (Río Negro), Ricardo Wellbach, Flavia Morales y Diego Sartori (Misiones).

Ley de Góndolas[editar]

Discusión en la Comisión de Comercio, Consumidores

Posición en el recinto de la H. Cámara de Diputados de la Nación sobre la Ley de Góndolas

Algunos puntos que ponen en calor la Ley. La misma resultó fruto de un acuerdo entre varios sectores políticos.[2]

1) Visión anticuada y opresiva del mercado vs estado presente e inteligente

2) Abrir la puerta a las pymes y a las economías populares= menos inflación y más distribución de la ganancia

3) Sistemas de control del estado =necesidad de un ente independiente de defensa del consumidor

4) Mejorar y trabajar con los proveedores vs. oprimir y ahogarlos

5) Cambios concretos del proyecto

Lugar porcentajes mínimos en góndolas. El primer lugar el espacio máximo en góndolas. Nosotros proponemos con claridad un lugar máximo por proveedor (30% por proveedor o grupo económico), asegurar la variedad (no menos de 5 proveedores) y un espacio para los productos de la agricultura familiar, campesina e indígena y de las mutuales y cooperativas (no menos del 5%) y las PYMES (25%).

Lugar en altura de la góndola. Sumado a esto, se establece que los productos más baratos tengan que estar a la mejor altura, evitando así que se escondan aquellos más competitivos y que más favorecen a los consumidores.

Lugar en mostradores de caja y cabeceras de góndola. De igual manera, venimos a proponer una regulación de los mostradores al lado de la caja, saliendo de la pelea e imposición que se da actualmente, y pasando a un lugar de fomento claro a las PYMES.

Qué productos están alcanzados. La propuesta consensuada se apoya en la necesidad de regular alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar. Para nada es casual esta diferencia, cuando la concentración en el mercado de bebidas es notoria, así como en los productos de higiene y limpieza, en donde muy pocas marcas acaparan todas las góndolas, a pesar de existir oferta de productos de todo tipo por parte de productores más pequeños.

Diferimiento de pagos a pymes. El texto consensuado propone un techo claro al diferimiento de los pagos, situación que hoy en día es una herramienta constante y común de abuso por parte de las cadenas de distribución.

Contratos claros y favorables a pymes. También se pone un freno a la posibilidad de cambios impuestos por los fuertes en los contratos, así como la forma escrita para cualquier modificación, prohíbe forzar al proveedor a entregar mercadería gratuita y cargar en él las promociones y otros costos.

Ley que pena por incumplimiento de promesas de campañas electorales[editar]

Las promesas electorales de los candidatos a ocupar cargos en la función pública (Presidente, Gobernadores, Intendentes, Diputados, Senadores, Legisladores, Concejales, entre otros), de alguna forma, configura una especie de relación pre contractual con la población, que los vota fundamentalmente, con base en lo que prometen o proponen en sus campañas, por medio de spots publicitarios; entrevistas televisivas, radiales o gráficas; discursos públicos; redes sociales, entre otros canales de comunicación.^[42]​

Por ello, es que teniendo en cuenta que quien ejerce la función pública, debe ser antes que nada servidor público, no solo deben rendir cuenta de sus actos, sino también llevar a la práctica, lo que se predica con las palabras frente a la ciudadanía. Por tales motivos, consideramos que el incumplimiento de las promesas electorales, por parte de quienes han llegado a la función pública a través del voto popular, debe ser incorporado en el capítulo IV) Estafas y Otras Defraudaciones del Código Penal Argentino, e incluida como una forma de estafa agravada (al tratarse de un funcionario público), por llevar adelante quienes incurran en esta conducta, un claro abuso de confianza sobre la población.

La política, debe volver a recuperar el valor de la palabra, la ética, la moral y sobre todo las convicciones.

Controversias[editar]

Se unió a Frente de Todos abandonando el espacio político en que se encontraba. Se separó de su amigo de toda la vida, el Ex diputado Mario Vadillo con quien fundó el grupo Protectora. En el año 2017 durante el debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue criticado por el periódico La izquierda diario Muchos medios^[¿cuál?] lo tildaron de manera despectiva, sobre todo aquellos que esperaban que su voto fuese a favor. Por su posición y opinión, que fue consistente con su promesa de campaña, promesas en las que fue cambiando de ideas, el diputado Ramón tuvo un desencuentro que provocó una ruptura con los miembros del interbloque “Social Demócrata” que había sostenido desde su asunción junto a Martín Lousteau, su socia Carla Carrizo y a la diputada tucumana Teresita Villavicencio.^[43]​

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]

• Sitio del Diputado en Directorio Legislativo.
• Sitio del Diputado en la Cámara de Diputados de la Nación.
• Sitio oficial de Fuerza Protectora